Agrícola y Agrotech

Agrícola y Agrotech (22)

La agricultura digital se consolida en Colombia como una respuesta clave a los desafíos del cambio climático y la necesidad de una producción más sostenible. El uso de inteligencia artificial (IA), drones, sensores y el internet de las cosas (IoT) está transformando la manera en que se gestionan los cultivos, permitiendo optimizar recursos, mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental.

Según un informe del Observatorio de Patentes de la Oficina Europea de Patentes, citado por el portal Agronegocios, la solicitud de patentes en agricultura digital está creciendo a un ritmo del 9,4 % anual. En Colombia, esta tendencia se refleja en proyectos innovadores en diversos sectores. En el Valle del Cauca, por ejemplo, se ha implementado un sensor de humedad del suelo conectado a una red de IoT que ha permitido reducir hasta en un 50,0 % el consumo de agua durante el riego en los cultivos de caña de azúcar.

Esta transformación tecnológica también está presente en otros cultivos estratégicos. En el suroriente del país ya se utilizan drones y sensores para monitorear la salud de los cafetales y mejorar la calidad del grano. En Antioquia, el sector floricultor emplea drones para la pulverización de precisión, mejorando la calidad de las flores y disminuyendo el impacto ambiental. Asimismo, compañías productoras de aguacate Hass, como Cartama, combinan la IA con el monitoreo para lograr productos con calidad de exportación. La Superintendencia de Industria y Comercio ha destacado la importancia de estas tecnologías en boletines enfocados en el sector agroindustrial.

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El sector agroindustrial de Colombia se encuentra ante una oportunidad histórica para fortalecer su presencia en el mercado de Estados Unidos, su principal socio comercial. Un reciente cambio en una orden ejecutiva del gobierno estadounidense ha abierto la puerta para que varios de los productos agrícolas más importantes del país puedan ingresar a ese mercado con un arancel del 0 %, lo que representa un impulso significativo para la competitividad y el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas.

Según la información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, esta nueva ventana comercial cubre un universo de exportaciones valorado en US$4.536 millones. Para dimensionar su impacto, la cifra equivale al 24,6 % del total de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos y representa el 65,2 % de las ventas no minero-energéticas a ese mismo destino.

Entre los productos que se verían más beneficiados por la posible eliminación de aranceles se encuentran el café, las flores, el banano, el plátano, el aguacate y el limón Tahití, todos ellos pilares del sector agrícola colombiano. El logro no solo fortalece la posición de Colombia como un socio estratégico para Estados Unidos, sino que también materializa la política de comercio exterior del gobierno, enfocada en abrir nuevos mercados y consolidar los existentes para los productos del campo y la industria nacional.

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La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lanzó una advertencia sobre la crítica situación de la producción agropecuaria en el país, calificando su protección como una política fundamental para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. En el marco del Foro Mundial de la Tierra, la jefe de cartera destacó que actualmente el 25.0 % de la población nacional sufre de inseguridad alimentaria, una cifra que se agrava en las zonas rurales, donde asciende a más del 34,0 %.

Según declaraciones recogidas por Caracol Radio, la ministra enfatizó la paradoja de que las comunidades locales, responsables de producir más del 70,0% de los alimentos que se consumen en el país, son las más vulnerables y afectadas. Uno de los problemas estructurales es la subutilización de la tierra, ya que, de un potencial de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, Colombia solo aprovecha 5.5 millones. Esta situación se ve agravada por los efectos de la crisis climática, los conflictos sociales y la falta de infraestructura adecuada para la comercialización.

Para hacer frente a este desafío, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha estrategias como la adquisición voluntaria de más de 350 mil hectáreas para fortalecer la producción. La ministra Carvajalino concluyó que es imperativo abordar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo, y transformar las economías ilícitas como la producción de coca y la minería ilegal para fortalecer la gobernanza territorial y asegurar el acceso a los alimentos para toda la población.

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Entre enero y mayo de 2025, Colombia importó 30.285 toneladas de productos lácteos, lo que representó un aumento del 3,0 % en volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior. En valor, las importaciones sumaron USD 99 millones, lo que fue un 5,2 % más que los registrados en 2024 (USD 94,1 millones).

Según un informe del portal Contexto Ganadero, este incremento en las compras externas agudiza la crisis que enfrentan los productores nacionales. Ellos han visto una caída en el precio que se les paga por la leche. El principal producto importado es la leche en polvo descremada, que constituye la mayor parte de las compras. Estados Unidos se consolidó como el principal proveedor de lácteos para Colombia, con una participación del 37,5 % del valor total importado. Le siguen Bolivia, con un 11,5 %, y Polonia, con un 10,8 %.

El panorama de crecientes importaciones, sumado a una caída en el consumo interno, ha generado un excedente de leche en el mercado nacional. Por lo tanto, los ganaderos han hecho un llamado al Gobierno para que se implementen medidas que controlen las importaciones. Además, buscan que se incentive la compra de la producción local para proteger la industria.

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A pesar de que la molienda de caña en Colombia creció un 7,0 % en el acumulado a abril de 2025 al compararlo con el mismo periodo del año anterior, la producción de azúcar registró una caída del 2,8% en el mismo periodo. Esta aparente contradicción se explica por un aumento en la destinación de la caña hacia la producción de etanol, un negocio cuya rentabilidad ha mejorado.

Según un informe de Bancolombia, citado por el portal AgroNegocios, la producción de caña de azúcar ha mostrado signos de recuperación, con un crecimiento del 6,0% en 2024 y del 7,0% en lo que va de 2025. Sin embargo, los volúmenes de producción siguen estando un 5,0% por debajo del promedio histórico registrado entre 2014 y 2023.

A pesar de la menor producción de azúcar, las ventas de los ingenios han tenido un comportamiento positivo, lo que sugiere una recuperación en la demanda. En el acumulado a abril, las ventas locales de azúcar crecieron un 12,4% en comparación con el mismo lapso del año anterior, mientras que las exportaciones se dispararon un 24,2%.

El negocio del etanol también vive un buen momento, con un crecimiento en el volumen de ventas del 30,0% en 2024, impulsado por el aumento en la mezcla obligatoria con gasolina y los buenos precios. No obstante, el sector enfrenta un reto estructural por la fuerte competencia del producto importado desde Estados Unidos, que representó aproximadamente el 50,0% de los litros vendidos en Colombia durante 2024.

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La nueva reforma laboral podría generar la pérdida de más de 21.000 empleos formales en el sector agropecuario, lo que representaría una caída del 5,1 % en su ocupación. Este sector, clasificado con una vulnerabilidad “Media” ante los cambios, enfrentará un aumento significativo en sus costos operativos.

Según un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia, se estima que la reforma, sancionada el 25 de junio de 2025, incrementará los costos laborales del sector agropecuario en un 7,4 %. A nivel general, el aumento promedio para toda la economía sería del 7,6 %, lo que podría elevar la tasa de desempleo nacional hasta un 11,0 % para 2026.

La ley modifica aspectos clave como la ampliación de la jornada nocturna, que ahora inicia a las 7:00 p.m., y el aumento progresivo del recargo por trabajo en domingos y festivos, que llegará al 100,0 % en 2027. Estas medidas impactan directamente las operaciones del campo, que a menudo requieren jornadas extendidas y trabajo en fines de semana.

A pesar de los desafíos en materia de empleo, el informe también reconoce que la reforma podría tener efectos positivos en la demanda interna. Con más de 10 millones de trabajadores formales en el país, los mayores ingresos por recargos y beneficios podrían fortalecer el poder adquisitivo de los hogares y dinamizar el consumo, beneficiando también a la cadena agroindustrial.

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Los proyectos sociales están generando un impacto positivo significativo en comunidades vulnerables, especialmente en la región del Chocó, al abordar problemas estructurales mediante intervenciones planificadas con un fuerte enfoque en la inclusión, la sostenibilidad y la innovación. Estas iniciativas demuestran cómo la colaboración local es clave para el desarrollo.

Según Social GreenTech Consulting, el éxito de estos proyectos se basa en seis etapas fundamentales: identificación y formulación, diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, y, crucialmente, sostenibilidad y escalabilidad. La incorporación de enfoques diferenciales como la diversidad, equidad e interculturalidad, junto con la participación comunitaria, la financiación sostenible y el uso estratégico de la tecnología, son pilares para su impacto a largo plazo.

En Chocó, se han implementado exitosamente varias iniciativas. Entre ellas, destaca el apoyo a la pesca artesanal en Acandí, la provisión de gallinas para la producción de huevos a 62 familias en Medio San Juan, y la implementación de modelos innovadores de porcicultura para 75 familias en Condoto. Adicionalmente, el desarrollo de procesos agroindustriales para el cultivo de plátano en Baudó ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Estas acciones no solo han logrado un desarrollo sostenible, sino que también han fomentado una mayor inclusión económica en la región.

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La Comisión Europea publicó su primera lista de países clasificados como de “alto riesgo” en el marco de la Ley contra la Deforestación Importada, excluyendo a las naciones latinoamericanas de esta categoría. Esta decisión implica que las exportaciones de productos como cacao, café, aceite de palma, soya, madera y caucho, así como sus derivados, desde América Latina hacia la Unión Europea, no estarán sujetas a los controles más estrictos establecidos por la normativa.

Según Eje21, la exclusión de América Latina se produjo tras presiones de países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, entre otros. La Comisión Europea incluyó en la categoría de alto riesgo a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania, países sujetos a sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU o del Consejo de la UE.

La legislación busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la UE generen deforestación, ya que entre 1990 y 2020 se destruyó una superficie forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10,0 % de esta pérdida se atribuye al consumo europeo. Las empresas importadoras deberán demostrar, mediante un sistema de geolocalización, que sus productos no han generado deforestación o degradación de masas forestales en los lugares de origen.

La normativa debía entrar en vigor en diciembre de 2024, pero se otorgó una prórroga de un año, estableciendo que las grandes empresas y operadores deberán cumplirla a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que las pequeñas empresas tendrán hasta el 30 de junio de 2026 para adaptarse.

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