La reciente Resolución 1789 de 2025, que reorganiza el sistema de salud en 10 regiones y 119 subregiones funcionales, obligará a que al menos 2,3 millones de colombianos sean trasladados de EPS en los próximos seis meses. Esta medida, que busca implementar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, ha generado alertas sobre el impacto que tendrá en los usuarios y la operación de las aseguradoras.

Según un análisis del observatorio “Así Vamos en Salud”, el traslado masivo de usuarios obedece a que varias EPS perderán su habilitación para operar en ciertas zonas del país bajo la nueva estructura territorial. Como resultado, la pérdida de habilitación de varias EPS obligará a trasladar millones de afiliados a otras entidades, lo que limita su derecho a la libre elección garantizado por la Ley Estatutaria y la Corte Constitucional. Los afiliados en dichos territorios deberán ser reasignados a otras EPS que sí cuenten con la autorización para operar en la nueva subregión. Se estima que este cambio afectará al 4,4 % de la población afiliada.

La resolución del Ministerio de Salud establece que las EPS y demás actores del sistema contarán con un periodo de seis meses para adecuarse a la nueva organización. Las entidades más afectadas por la reorganización serían Cajacopi, que deberá ceder al 30,5 % de su población, seguida de Coosalud (17,8 %) y Asmet Salud (17,1 %). Si bien, el objetivo de la norma es crear una estructura funcional que no modifica la división político-administrativa del país, expertos advierten riesgos inmediatos en la continuidad de tratamientos, la fragmentación de la atención y la pérdida del derecho a libre elección de los usuarios. También se señalan que la implementación podría superar el periodo de transición previsto, generando tensiones operativas y financieras.

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